25 julio 2017, Alberto Perez Cedillo

¿Indigestión o fraude? El sospechoso aumento de reclamaciones por enfermedad durante las vacaciones

Cada año, al acercarse las fechas veraniegas, crece exponencialmente en Reino Unido la demanda de viajes con todo incluido para viajar a la zona del Mediterráneo. Pero hay otra crecida paralela: la epidemia de demandas por intoxicación alimentaria que interponen los turistas británicos.

Mientras que el ratio de enfermedades sufridas en complejos turísticos a lo largo y ancho del Mediterráneo se sitúa actualmente en mínimos históricos, el número de reclamaciones de ciudadanos de nacionalidad británica que han comido en hoteles con todo incluido ha aumentado en un 500% en los últimos cuatro años, según ha reportado la Asociación de Agentes de Viajes Británicos ABTA. El monto compensatorio más habitual se sitúa en torno a las cinco mil libras, y los honorarios de los abogados pueden ascender hasta las cien mil, una cuestión que al demandante no le preocupa demasiado, ya que sus gastos legales están cubiertos por el seguro de viaje y constituyen una reclamación separada. Se calcula que este tipo de demandas están costando a los hoteleros de Mallorca una media de 50 millones de euros cada año.

Tal y como ha indicado  una representante de una de las mayores firmas de abogados de Reino Unido, una firma que presta sus servicios para las aseguradoras más importantes del país, en los últimos años está quedando patente la falsedad de la mayoría de estos casos. En primer lugar, porque no tiene sentido que este tipo de enfermedades afecten únicamente a una determinada nacionalidad. En segundo lugar, porque una gran parte de los casos se basan exclusivamente en los testimonios de los demandantes y  la evidencia se limita a recibos de pastillas u otros medicamentos para combatir la diarrea. En último lugar, las cartas que informan de las reclamaciones son idénticas, cambiando únicamente los datos de demandante, hotel y fecha. Esto ha llevado a muchos complejos hoteleros a amenazar con prohibir la presencia de británicos.

Esta oleada de casos similares tiene su origen en una reforma legislativa de 2013 que tenía como objetivo reducir el fraude en demandas a aseguradoras de vehículos a motor dado el aumento de reclamaciones fraudulentas por latigazo cervical; así, el gobierno decidió limitar los honorarios en los que los abogados podían incurrir por este tipo de casos. No obstante, esta reforma no incluía casos ocurridos en el extranjero, y las firmas legales encontraron en los turistas a sus nuevos clientes prioritarios.

Esto ha llevado a los lobbies de la industria turística a ejercer presión hasta que el Ministerio de Justicia ha anunciado, el pasado 9 de Julio, un plan para suplir esta laguna legal a través de un proyecto de ley que transfiera la regulación de la industria de gestión de siniestros del Ministerio de Justicia a la Autoridad de Conducta Financiera, que es una agencia supervisora mucho más estricta.

Mientras tanto, la industria turítica intenta acabar con este fraude por otros medios. Por ejemplo, ABTA ha lanzado una campaña en los medios advirtiendo a los turistas de que se exponen a una posible pena de prisión si inician reclamaciones falsas. Algunos operadores turísticos han contratado a investigadores privados para exponer a personas contratadas como «ganchos» con el objetivo de animar a los turistas a que interpongan estas demandas fraudulentas. Los hoteles también están vigilando más de cerca a sus huéspedes, a veces incluso obligándoles a llevar pulseras electrónicas que siguen sus movimientos.

No parece que vaya a alcanzarse un acuerdo de paz pronto en esta guerra turística.