24 enero 2019, Alberto Perez Cedillo
¿Debe interrogarse en sala a las víctimas de abuso doméstico?
Casi dos años después de que el Gobierno inglés prometiera poner fin al interrogatorio de víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas en los Tribunales de Familia, ha dado a conocer el borrador de proyecto de ley para terminar con este tipo de práctica tan polémica.
Este relevante proyecto de ley también introducirá la primera definición legal de abuso doméstico para incluir de forma específica el abuso económico, así como el control y la manipulación, más allá del abuso físico.
El Gobierno ha decidido prohibir este tipo de interrogatorios en Tribunales de Familia debido a la respuesta unánime a su sondeo durante el año pasado a grupos de presión, organizaciones ciudadanas y partes interesadas.
En juicios penales, el tribunal puede prohibir mediante orden judicial que el demandado que no está representado interrogue a la víctima en persona. En procedimientos de familia, los jueces pueden ejercitar sus poderes para prevenir que la víctima sea interrogada en persona por el demandado, sin embargo, actualmente no tienen facultar para designar a un representante legal que represente a la víctima y lleve a cabo el interrogatorio en su nombre.
La Asociación Women’s Aid, que publicó el año pasado un estudio que revelaba la impactante actitud de los Tribunales de Familia a la hora de lidiar con casos de abuso doméstico, ha declarado su entusiasmo tras el anuncio del Gobierno, que ha tenido en cuenta la campaña ‘Childs First’ e introducido la prohibición.
Katie Ghose, jefa ejecutiva de Women’s Aid, ha declarado que: “A pesar de que esta nueva ley es más que bienvenida, no va a proteger por sí sola a las víctimas en los Tribunales de Familia ni va a poner en cuestión la tendencia de los jueces de proteger el “contacto a toda costa”, que está poniendo en peligro a los niños. Esperamos trabajar con el Gobierno para introducir mayores protecciones en los Tribunales de Familia para las víctimas, tales como medidas especiales para su protección en sala, y asegurar que la seguridad de los niños se tiene en cuenta en todas las decisiones llevadas a cabo por los Tribunales de Familia.”
La abogada Cris McCurley, representante legal de víctimas de abuso doméstico, declaró que le “animaba” la prohibición del interrogatorio en estos casos, la cual describe como probablemente el mayor triunfo del proyecto de ley.
Según una evaluación de impacto publicada por el Gobierno, costará aproximadamente 8 millones de libras al año financiar a representantes legales para evitar que las víctimas sean interrogadas por su presunto abusador. Igualmente, el Servicio de Tribunales inglés también asumirá ciertos costes administrativos en este aspecto.
McCurley, socia de la firma Ben Hoare Bell y miembro del Comité de acceso a la justicia del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, cuestionó cómo el Gobierno planea financiar la medida, señalando que quienes hacen este trabajo tienden a ser profesionales del turno de oficio y la financiación de éste ha sido recortada hasta el mínimo posible.
El Gobierno declara que está llevando a cabo 120 compromisos para abordar el abuso doméstico, incluyendo 8 millones de libras para apoyar a los niños afectados por abuso doméstico, y 500.000 libras adicionales en provisiones para víctimas masculinas. McCurley ha declarado que el sistema judicial ha llegado a su límite y resolver asuntos aislados no va a solucionar el problema de fondo.